Las empresas de servicios lingüísticos y los autónomos de California, en el limbo tras la ley AB5

Con California tomando medidas drásticas contra la práctica generalizada de utilizar contratistas independientes para eludir las leyes laborales, los lingüistas autónomos del estado están sintiendo las consecuencias, con su sustento en el limbo a medida que se acerca el nuevo año.

La histórica ley laboral State Assembly Bill 5 (AB5), tan controvertida como radical, está a punto de reclasificar a miles de contratistas independientes como empleados a partir del 1 de enero de 2020, después de que el gobernador Gavin Newsom la promulgara en septiembre.

La ley «Estatus de los trabajadores: empleados y contratistas independientes», también conocida como «ley de los trabajadores temporales», frustra la práctica habitual desde hace mucho tiempo por la que empresas y negocios de California recurren a contratistas independientes para evitar los costes asociados a los empleados. Esa clasificación errónea de los trabajadores le cuesta al estado aproximadamente 7000 millones de dólares en ingresos fiscales por nóminas al año, según las estimaciones del Departamento de Relaciones Industriales de California.

Ahora, ante el aplauso de los grupos sindicales, el estado ha elevado el listón en la definición de los trabajadores que las empresas pueden llamar contratistas independientes. La medida supone un cambio importante que alterará el futuro de los autónomos en el estado y probablemente más allá, ya que los expertos del sector advierten de que provocará la salida de puestos de trabajo del estado.

La ley AB5 codifica la decisión del Tribunal Supremo del Estado en Dynamex Operations West contra el Tribunal Superior de Los Ángeles en 2018, que endureció la definición de contratistas independientes. Instituyó la prueba ABC. Según esta nueva norma, los trabajadores solo se considerarán contratistas independientes si:

A) No están sujetos al control ni a las instrucciones de la empresa en el desempeño de sus servicios;
B) Realizan trabajos que no son esenciales para la actividad de la empresa; y
C) Se dedican habitualmente a actividades comerciales o empresariales independientes de la misma naturaleza.

Aquellos que no cumplan las tres condiciones serán clasificados como empleados. Esta nueva norma para los contratistas independientes es mucho más estricta que la anterior directriz Borello.

Los legisladores afirmaron que la ley tiene por objeto proteger los derechos laborales de los contratistas independientes que, supuestamente, están siendo «abusados» por los empleadores, con el fin de proporcionarles protección en el lugar de trabajo. Como empleados, los trabajadores que antes estaban clasificados como contratistas independientes recibirían prestaciones como salario mínimo, horas extras, vacaciones pagadas, seguro médico y de desempleo, protección contra la discriminación y mucho más. Aunque la AB5 está dirigida a empresas como Uber y Lyft, ha causado un gran revuelo en el sector de la traducción y la interpretación, así como en profesiones similares.

La Sociedad Americana de Periodistas y Autores (ASJA) y la Asociación Nacional de Fotógrafos de Prensa (NPPA) también presentaron conjuntamente una demanda el 17 de diciembre contra el estado de California, impugnando la ley AB5, que el presidente de la ASJA, Milton Toby, calificó de «potencialmente devastadora para la carrera» de los periodistas, escritores y fotógrafos autónomos. La demanda también alega que algunos periodistas autónomos de California han sido «incluidos en listas negras» por varios medios de comunicación.

Los expertos del sector señalan que ya se está produciendo un desplazamiento de puestos de trabajo a contratistas fuera del estado. Además, empresas fuera de California, como Vox Media, con sede en Nueva York, están tomando medidas preventivas.

Vox anunció el 16 de diciembre que tiene previsto rescindir los contratos con más de 200 contratistas independientes de California que han gestionado los blogs de SB Nation en California desde 2003.

John Ness, director ejecutivo de SB Nation, escribió en una entrada de blog que la nueva ley, con sus restricciones que limitan las presentaciones escritas a 35 al año, «hace imposible» que la red de blogs continúe con su estructura actual.

González respondió en Twitter, afirmando que Vox está «utilizando la AB5 para desviar la ira hacia [California]».

Idea Translations, Sergio Atristain, la calificó de «una situación en la que todos pierden» y advirtió de que la AB5 perjudicará la forma en que las empresas de traducción e interpretación hacen negocios, ya que la mayoría opera con un modelo de proyecto por proyecto. «Si nos vemos obligados a reclasificar a los contratistas como empleados, los clientes deben esperar un gran aumento de los costes, una menor capacidad en términos de servicios y combinaciones lingüísticas, y limitaciones en la oferta de servicios», añadió.

Solo el tiempo dirá si el dicho popular «Como va California, va la nación» es cierto. Sin embargo, los expertos esperan que así sea, y que esta ley histórica tenga implicaciones de gran alcance más allá del estado progresista.

Ortiz Schneider señaló que Nueva York y Nueva Jersey están siguiendo un camino similar: «Sería estupendo que todo el mundo siguiera lo que está sucediendo en California y se interesara por ello, porque están surgiendo proyectos de ley similares al AB5 en el resto del país». Instó a los habitantes de otros estados a involucrarse y ser más proactivos cuanto antes para conseguir una exención para el sector desde el principio.

«Esta ley solo se aplica en California por ahora, pero, por supuesto, la legislación de California a menudo impulsa la aprobación de leyes similares en otros estados o a nivel nacional, lo que seguirá reduciendo la reserva de talento disponible si los traductores e intérpretes no quedan exentos de estas leyes», afirmó Laura Burian, decana de la Escuela de Posgrado de Traducción, Interpretación y Educación Lingüística del Instituto de Estudios Internacionales de Middlebury en Monterrey. «Si los médicos, abogados, agentes inmobiliarios, agentes de viajes y manicuras merecen una exención, ¿por qué no los traductores e intérpretes profesionales?».

Ortiz Schneider fundó la Coalición de Traductores e Intérpretes en Ejercicio de California (CoPTIC) en septiembre en respuesta a la ley AB5. «El objetivo final de la coalición es conseguir una exención para todos los profesionales lingüísticos en 2020», afirmó. El proyecto de ley exime a determinadas profesiones, entre las que se incluyen los agentes inmobiliarios, los agentes de seguros, los ingenieros, los arquitectos, los asesores financieros, los abogados, los médicos, los dentistas y otros, incluso los peluqueros.

Ortiz Schneider abogó por una exención similar para los lingüistas, explicando que se diferencian de los verdaderos trabajadores de la economía gig, como los conductores de Uber y Lyft. Señaló que cualquier persona con carné de conducir puede trabajar para Uber, pero no todo el mundo puede traducir e interpretar, ya que se requiere un conjunto de habilidades y conocimientos específicos similares a los de los abogados y contables.

Otros expertos del sector coincidieron en que la traducción y la interpretación requieren conocimientos especializados que exigen una reserva de talentos diversa. Ortiz Schneider lo expresó de forma sencilla: «Un intérprete especializado en salud mental no puede trabajar en un caso de derecho de patentes».

Fiorito también calificó la exención como «la solución ideal» a la AB5.

La coalición ha estado celebrando reuniones informativas centradas en la «defensa impulsada por los constituyentes», animando a todas las partes interesadas a concertar una cita para reunirse con su legislador de distrito sobre una exención de la AB5 para los lingüistas. «Estoy segura de que si todos nuestros colegas y nosotros nos ponemos manos a la obra y participamos, nuestras voces serán escuchadas y conseguiremos la exención», afirmó Ortiz Schneider.

Los autónomos de California ya están sintiendo los efectos. Muchas empresas están pasando la pelota a los contratistas, exigiéndoles básicamente que se constituyan en sociedad o pierdan el negocio. Los autónomos afirman haber recibido notificaciones de rescisión de sus contratos independientes a partir del próximo año.

«Esto limita drásticamente el número de personas que los proveedores de servicios lingüísticos pueden contratar como contratistas independientes», afirma Burian, quien añade que muchos de sus colegas han perdido su trabajo ante la fecha de entrada en vigor del 1 de enero. «Me preocupa que esto suponga una reducción de la disponibilidad de servicios de traducción e interpretación de alta calidad, especialmente para los idiomas menos difundidos».

Además, constituirse como sociedad sería costoso y complicado. Otro traductor autónomo de inglés-francés de California, que deseaba permanecer en el anonimato, afirmó: «Es una forma fácil para que las empresas eludan la ley, y los únicos perdedores aquí son los autónomos». El tiempo dirá si alguno de esos temores está justificado. En cualquier caso, os mantendremos informados sobre cualquier novedad, así que no olvidéis suscribiros a nuestro blog para estar al tanto.